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PROPUESTA DE REFORMA LABORAL DEL PRD La propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por el PRD ante el Congreso de la Unión, el pasado mes de abril, cuyos ejes principales se dan a conocer en este desplegado, son producto de un ejercicio colectivo de análisis y discusión del Grupo Parlamentario de diputados federales del PRD, sindicatos integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y de sectores sociales inmersos en la defensa de los derechos de los trabajadores. Consideramos que una reforma laboral es imprescindible y, desde nuestro punto de vista, ésta debe sustentarse en la equidad y la justicia social para los asalariados, atendiendo sus intereses, reconociendo también los derechos legítimos de los patrones. Sin un cambio de las actuales reglas del juego en el escenario laboral que ha dejado en manos de las cúpulas sindicales subordinadas al gobierno federal la posibilidad de poner un freno al creciente poder del gran capital, y que dan amplios márgenes de intervención gubernamental en los conflictos obrero-patronales e intersindicales, los intereses de los trabajadores continuarán siendo excluidos a la hora de tomar decisiones fundamentales, como las que atentan y presionan a la depresión de los salarios, ofrecida como una ventaja comparativa artificial. Después de largos años de retraso, esta reforma seguramente será un aliciente para recuperar la confianza entre asalariados y patrones, porque la experiencia de los pasados 30 años, en que se produjo una reforma neoliberal del Estado, prueba con creces que la legislación vigente no permitió generar un reparto equilibrado de los sacrificios y beneficios del profundo proceso de ajuste estructural que acompañó la emergencia de un nuevo modelo económico centrado en las exportaciones. Por el contrario, esta legislación y las instituciones laborales que de ella surgieron, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje o la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, fueron útiles para imponer decisiones contrarias a la justicia e instaurar una paz laboral forzada y una baja sustancial en los niveles de vida de los trabajadores del país. El nuevo orden laboral que proponemos restablece los contrapesos necesarios para que ningún interés legítimo quede al margen ni resulte sacrificado por supuestas “razones de Estado” y en aras de un bienestar que se posterga indefinidamente. El mayor equilibrio entre el poder de negociación del capital y el trabajo que se busca con los cambios que contiene la iniciativa del PRD, es condición de un auténtico modelo de desarrollo, que se preocupa por el problema de la distribución y no lo deja exclusivamente en manos del mercado. Se consideran tres ejes principales: 1. El alcance real de la protección de los intereses de los asalariados ya no dependerá de la discrecionalidad de la intervención estatal ni de las alianzas políticas, sino de la vigencia del principio de legalidad, de la plena ciudadanía de los trabajadores y de la promoción de organizaciones sindicales autónomas, representativas, democráticas y con presencia y capacidad de interlocución real en el ámbito productivo. Igualmente, descansará en instituciones –como los jueces laborales, el Instituto Nacional de

Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades y el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo-, que gozarán de las atribuciones políticas, jurídicas y técnicas adecuadas al desempeño de sus funciones en la resolución de conflictos de interese contrapuestos, como son en esencia los del capital y el trabajo, o en la determinación de asuntos clave como el incremento anual de los salarios mínimos. 2. La necesidad de adaptar los procesos productivos a las presiones competitivas no se atenderá provocando la precarización del empleo o dejando abierta la puerta para la arbitrariedad, la unilateralidad y la corrupción, sino ofreciendo todas las oportunidades de una auténtica flexibilidad negociada que responda a las innovaciones tecnológicas y organizativas y a los cambios de los mercados sin afectar los derechos fundamentales de los trabajadores, como la estabilidad en el empleo, y garantizando un reparto justo de sacrificios y beneficios. 3. Después de severos retrocesos, acentuados durante los últimos veinte años, de las condiciones de trabajo y de los salarios, se atiende la urgencia de mejorar esta situación, reconociendo a los trabajadores condiciones y posibilidades que se encuentran plasmadas en la contratación colectiva o que ya forman parte de los regímenes laborales en otros países de la región, con economías y niveles de desarrollo semejantes o aun menores de los que hoy tiene México.

Deteniéndose en el capítulo de la productividad, con la reforma del PRD se trata de impulsar medidas legales que permitan a los trabajadores enfrentar el reto productivo, con bilateralidad y retribución justa. La corresponsabilidad para mejorar la productividad supone involucrar al trabajador en el conocimiento integral del proceso productivo. De este conocimiento y de la negociación bilateral resultarán programas de productividad por empresa y por rama de la actividad a partir de la creación de cámaras sectoriales.

La participación de los trabajadores en los programas para mejorar la productividad dará a éstos el sentido social que debe ser propio de los procesos productivos. Sólo un modelo excluyente y depredador como el que hasta ahora prevalece, puede suponer equivocadamente que una perspectiva unilateral asegurará la mejora continua de la productividad. De esta manera, la iniciativa propone un concepto de productividad amplio, que no sólo considera la dimensión técnica o económica, sino que recoge elementos sin los cuales sería imposible involucrar a los trabajadores en los desafíos productivos: su calidad de vida y el reparto equitativo de los beneficios. Incluye la facultad de trabajadores, sindicatos y patrones de llegar a acuerdos en la materia. Obliga a los patrones a proporcionar a los trabajadores y a sus representantes sindicales la información relativa a la situación tecnológica, organizativa, financiera y de mercado de la empresa, incluyendo los planes de inversión. Considera la creación en la empresa de comisiones mixtas de Productividad y Capacitación, a cuyo cargo quedará el diagnóstico de este importante asunto, la formulación y evaluación de programas destinados a atenderlo, así como la adopción de mecanismos para distribuir sus resultados. Se detalla el contenido y periodicidad de los planes y programas de productividad, capacitación y distribución de beneficios, por empresa o sectorialmente. También se faculta a las cámaras

sectoriales para proponer, por conducto del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, recomendaciones sobre el incremento de los salarios profesionales en el sector, vinculados con los indicadores de productividad. Está por demás decirlo, la propuesta de reforma laboral del PRD rechaza la legitimación de las irregularidades que ya operan en la vida cotidiana, como son: la contratación “a prueba”; el pago por hora, la limitación a seis meses de los salarios caídos, las limitaciones al derecho de huelga, la no reinstalación a trabajadores con antigüedad menor a tres años y también, el denominado “outsourcing”, o sea, la subcontratación de personal por parte de un proveedor externo de servicios, irregularidades que el PAN incluye en su respectiva propuesta de “reforma” laboral. (El texto íntegro de la reforma laboral del PRD se puede consultar en: www.prdbcs.org.mx)

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! La Paz, BCS, a 27 de julio de 2010