ES ES DOCUMENTO DE TRABAJO

PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Comisión de Control Presupuestario

23.10.2013

DOCUMENTO DE TRABAJO sobre el Informe Especial nº 24/2012 – La respuesta del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea al terremoto de Abruzo de 2009: pertinencia y coste de las operaciones Comisión de Control Presupuestario Ponente: Søren Bo Søndergaard

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PE521.621v02-00 Unida en la diversidad

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Introducción El 6 de abril de 2009, a las 3.32 horas, un gran terremoto arrasó la ciudad de L’Aquila y su provincia. Murieron más de 300 personas y hubo decenas de miles de desplazados1. Todo el casco antiguo histórico medieval quedó inhabitable tras el terremoto y a día de hoy continúa del mismo modo. El casco antiguo medieval se construyó en el siglo XIII conforme a la planificación urbana de Jerusalén. Tenía decenas de plazas con iglesias y fuentes que representaban a los 99 pueblos de la zona. El terremoto también afectó a otros 55 municipios cercanos y algunos fueron totalmente destruidos. Toda la zona se conoce como cratere (cráter). Se calcula que los daños directos provocados por el terremoto ascienden a más de 10 000 millones de euros. El 16 de abril de 2009, diez días después del terremoto, el Fiscal General de L’Aquila reunió un equipo de fiscales encargados de garantizar que la delincuencia organizada no se inmiscuya en las labores de reconstrucción iniciadas tras el terremoto. El 11 de noviembre, el Parlamento Europeo aprobó la propuesta de la Comisión relativa al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para L’Aquila:  se movilizaron 493,7 millones de euros del FSUE para Abruzos;  se modificó el programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para Abruzos (2007-2013). De esta forma, la modificación de la asignación del FEDER para el periodo 2007-2013 consistía en una transferencia de fondos en el marco del programa operativo regional. Asimismo, no podía utilizarse la financiación del FEDER para la reconstrucción de viviendas privadas dañadas o destruidas, sino solo para reactivar el desarrollo económico de la zona afectada por el terremoto y para un número limitado de intervenciones en infraestructuras fuera del ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad, por ejemplo, el patrimonio cultural o la reconstrucción de dependencias regionales o municipales. El 27 de octubre de 2010, la Comisión de Control Presupuestario (CONT) envió una delegación a L’Aquila como parte de una misión de investigación más amplia llevada a cabo en Italia. El 11 de abril de 2011, CONT avaló las siguientes conclusiones de la visita2: En lo que respecta a Abruzos: 16. Invita a la Comisión a llevar a cabo una auditoría ad hoc de los costes de socorro y reconstrucción del Fondo de Solidaridad, así como de la legalidad de los contratos con los proveedores; 17. Insta a la Comisión a informar a la Comisión de Control Presupuestario de los niveles de error detectados hasta el momento en el uso de fondos tras el terremoto; 18. Insta, asimismo, a la Comisión a informar a la Comisión de Control Presupuestario si se han retomado los compromisos habituales de los fondos de la UE tras la interrupción y la reforma de los programas tras el terremoto. 19. Solicita a la Comisión que dé más detalles a la Comisión de Control Presupuestario en lo relativo al desembolso de fondos para la reconstrucción; 1 2

Informe de misión elaborado tras la visita de la DG REGIO a L’Aquila, que tuvo lugar del 11 al 13 de abril de 2010. Comisión de Control Presupuestario, Informe sobre la misión de investigación en Italia, 26-28 de octubre de 2010, pp. 12-13.

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Solicita a la Comisión que compruebe si el DPC1 cumplió las normas de la UE relativas a la contratación pública y que verifique, asimismo, si el Gobierno italiano respondió al procedimiento de infracción iniciado por la Comisión en 2004 a este respecto y, de ser así, cómo lo hizo; 21. Lamenta que aparentemente el DPC proporcionara información incorrecta a la delegación de la CONT; 20.

En 2010 y 2011, el Fiscal de L’Aquila inició varias investigaciones sobre el uso indebido de los fondos destinados a emergencias y reconstrucción por parte de organizaciones delictivas. Puesto que una proporción significativa de dichos fondos procede del FSUE, a la Comisión CONT le convenía prestar especial atención a dichas investigaciones. El 25 de enero de 2010, la sustituta del Fiscal del Departamento Nacional de Lucha contra la Mafia (Direzione nazionale antimafia, DNA), Olga Capasso, afirmó que, en su opinión, de todos los problemas relacionados con la lucha contra la delincuencia organizada, L’Aquila es uno de los mayores a escala nacional2. En una respuesta de 7 de marzo de 2011 a una pregunta parlamentaria escrita, el Comisario Barnier declaró que en lo que respecta a las labores de construcción que se han llevado a cabo como consecuencia del terremoto de L’Aquila, en la investigación no se descubrió ninguna prueba que demostrara que se habían cometido infracciones de la legislación de la UE en materia de contratación pública, puesto que constató que las autoridades italianas habían cumplido las disposiciones europeas pertinentes.3 El 21 de septiembre de 2011, CONT recibió documentación procedente del bufete Vinciprova & Chinnici, que confirmaba la violación de las normas de contratación pública de la UE en la contratación pública iniciada por el Departamento de Protección Civil (DPC) tras el terremoto. El 9 de diciembre los coordinadores de CONT debatieron dicha carta enviada por el bufete Vinciprova & Chinnici. En la misma, el bufete señalaba irregularidades cometidas en la gestión de los fondos en cuanto a los retretes químicos4. El 21 de diciembre de 2011 los coordinadores de CONT decidieron enviar a la OLAF el expediente relativo a los casos mencionados por el bufete Vinciprova & Chinnici y solicitarle que evaluara la información. Hasta la fecha, la comisión CONT no ha recibido respuesta alguna de la OLAF en lo que respecta a esta solicitud. El 18 de diciembre de 2012, durante la reunión de CONT, el Comisario Hahn anunció que en unas semanas se entregaría al Parlamento el informe de auditoría de la Comisión sobre Abruzos. 1 2

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Departamento de Protección Civil. Raitre, T G: «Mi sembra che tra i problemi legati alla lotta alla criminalità organizzata quello dell’Aquila sia uno dei nodi più grossi a livello nazionale», 25 de enero de 2010. P-000904/2011 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2011-000904&language=EN Esta carta también se envió a la OLAF y a la Comisión.

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No obstante, el informe de auditoría no se transmitió finalmente al presidente de la comisión CONT hasta el 15 de julio de 2013. Dicho informe era confidencial, es decir, que los miembros de dicha comisión solo podían leerlo en una sala vigilada sin posibilidad de tomar notas. Asimismo, no se permitió a dichos miembros comentar ni citar el contenido de dicho informe. Por consiguiente, los ciudadanos europeos no podrán acceder a la información relativa al modo en que se han utilizado sus impuestos. En la misma reunión de la comisión CONT, el Comisario Hahn invitó al ponente a enviar a la Comisión las preguntas de CONT. El 29 de enero de 2013, el Comisario Hahn proporcionó las siguientes respuestas a las preguntas: Respuesta 42-19, letra a) Según la Comisión, se utilizó toda la cuantía y las operaciones finalizaron antes del 30 de noviembre de 2010. El ponente pidió a la Comisión que explicara por qué la Comisión tardó más de dos años en realizar la auditoría. En su respuesta (42-19), la Comisión declara que, en principio, este procedimiento finalizará a principios de 2013, pero no se explica por qué se ha tardado más de dos años en llevar a cabo la auditoría. Respuesta 42-19, letra b) En su respuesta, la Comisión afirma que la cuantía proporcionada por el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea no se utilizó con fines de reconstrucción, sino para las primeras labores de emergencia. Sin embargo, durante la visita de la delegación a L’Aquila, el Gobierno italiano informó a CONT de que el proyecto CASE1 atañe a las viviendas permanentes, mientras que el MAP2 afecta a las viviendas provisionales. Por ese motivo, existe un marcado contraste entre la respuesta de la Comisión y las declaraciones del Gobierno italiano, declaraciones que este último ha formulado en reuniones públicas y en documentos oficiales. No queda claro si la Comisión quiere decir que el Gobierno italiano utilizó los fondos del FSUE de forma ilícita o si intenta justificar su propia falta de vigilancia en cuanto al uso de dichos fondos. Respuesta 42-20 En su respuesta, la Comisión pidió a los diputados al PE que proporcionaran a la Comisión información sobre los procedimientos de infracción de las autoridades italianas. Sin embargo, la Comisión recibió información detallada sobre el procedimiento de infracción relativo a la adquisición de retretes químicos más de un año antes. No queda claro si la Comisión no reconoce haber recibido esta información o si ha perdido el expediente. Asimismo, la Comisión justificó no haber actuado en cuanto a los procedimientos de infracción afirmando que las autoridades italianas —a las que se está investigando por infringir las normas de contratación pública de la UE— habían asegurado a la Comisión que no se habían incumplido 1

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CASE: acrónimo de Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili, viviendas a prueba de terremotos y ecosostenibles. El proyecto CASE fue anunciado por el Consejo de Ministros italiano de 23 de abril de 2009. El 28 de abril del mismo año el Gobierno italiano emitió el Decreto Ley nº 39, denominado «Decreto Abruzos», que exigía al Departamento de Protección Civil la construcción de viviendas CASE que pudieran utilizarse de forma duradera. MAP: acrónimo de Moduli Abitativi Provvisori, módulos de alojamiento provisional.

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dichas normas europeas de contratación pública. Resulta muy preocupante que la Comisión preguntara a las autoridades investigadas por las infracciones si creían que las acusaciones de incumplimiento eran pertinentes o no. El 18 de febrero de 2013 el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) envió al Parlamento el Informe Especial nº 24/2012, titulado «La respuesta del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea al terremoto de Abruzo de 2009: pertinencia y coste de las operaciones». El 25 de junio de 2013, durante una audiencia organizada por el grupo PPE del Parlamento Europeo a este respecto, las actuales autoridades italianas alegaron que el CASE debe considerarse un proyecto de viviendas temporales, no permanentes, ya que se tardará entre 15 y 20 años en reconstruir el casco antiguo, es decir, unos 25 años desde que tuvo lugar el terremoto1. Asimismo, durante la audiencia, las autoridades italianas afirmaron que el mantenimiento de CASE supone 9 millones de euros al año debido a la mala calidad de las viviendas. También se han detectado problemas en relación con las viviendas de MAP. Alcance y objetivos de la fiscalización del TCE (Informe Especial del TCE nº 24/2012) En la fiscalización, el TCE examinó si:  las operaciones previstas en el acuerdo de ejecución eran conformes al Reglamento FSUE;  el proyecto CASE estaba bien planificado y se ejecutó con rapidez;  el proyecto CASE se ejecutó con la debida atención al principio de economía. Constataciones del TCE En su informe, el TCE incluye las siguientes observaciones:  Entre las operaciones financiadas se encuentran el restablecimiento inmediato del funcionamiento de las infraestructuras en los ámbitos de la energía, el abastecimiento de agua y la evacuación de las aguas residuales, las telecomunicaciones, los transportes, la sanidad y la enseñanza, así como la facilitación de alojamientos provisionales y la prestación de servicios de auxilio destinados a atender las necesidades inmediatas de la población. Tras el terremoto, 67 500 personas se quedaron sin hogar;  Alrededor del 30 % (144 millones de euros) de la contribución del FSUE se destinó a operaciones plenamente admisibles con arreglo al Reglamento FSUE. Sin embargo, aunque el proyecto CASE (Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili, viviendas a prueba de terremotos y ecosostenibles) era pertinente para las necesidades reales, no cumplía determinadas disposiciones específicas del Reglamento FSUE. Esto se debe a que construía inmuebles nuevos de carácter permanente, en lugar de viviendas temporales;  El 70 % de la financiación (350 millones de euros) se destinó al proyecto CASE. La estrategia elegida para este último proyecto satisfacía las necesidades de vivienda de 15 000 de los afectados por el terremoto, pero no respondía de forma oportuna y con suficiente capacidad a las necesidades reales de la población. Las viviendas CASE eran mucho más caras que las viviendas estándar; 1

Sr. Gabrielli, DPC ; Sr. Chiodi, Gobernador de Abruzos; Sr. DelCorvo, Presidente de la provincia de L’Aquila; Sr. Cialente, Alcalde de L’Aquila; entre otros.

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El Reglamento FSUE dispone que solo puede utilizarse el Fondo para operaciones de emergencia cruciales, incluido el alojamiento temporal. Dicho Reglamento no prevé la financiación de la reconstrucción real. El ámbito de aplicación del FSUE se limita a las necesidades más urgentes, mientras que para la reconstrucción a más largo plazo deben utilizarse otros instrumentos. Por consiguiente, en opinión del Tribunal de Cuentas Europeo, el proyecto CASE, que facilitó alojamiento duradero y sostenible, no cumplía los objetivos del FSUE. Asimismo, los apartamentos CASE generarán posiblemente considerables ingresos en el futuro, pese a no estar contemplada esta posibilidad en el Reglamento FSUE1.

Recomendaciones del TCE La Comisión debería:  plantearse adaptar el Reglamento FSUE a los últimos avances en estrategias de respuesta a catástrofes;  animar a los Estados miembros a mejorar su preparación ante posibles emergencias para lograr la prestación de asistencia de forma oportuna y rentable;  promover la debida atención a la economía en el diseño y ejecución de proyectos de emergencia. Respuestas de la Comisión La Comisión  considera que, dadas las circunstancias, el proyecto CASE cumplió plenamente las condiciones y los objetivos del Reglamento FSUE, ya que respondió a una necesidad urgente de miles de personas que se quedaron sin hogar debido al terremoto, y les proporcionó alojamiento temporal hasta que pudieran volver a sus casas;  opina que la elección de las autoridades italianas en relación con el procedimiento de contratación no afectaba al presupuesto de la UE;  considera que la construcción de bloques CASE para tantas personas en un período de tiempo tan breve fue un gran logro dadas las circunstancias y la mayoría de ellos estaban disponibles al final del año; nunca se pretendió proporcionar alojamiento a toda la población sin hogar;  en su comunicación sobre el futuro del FSUE, acepta que debe modificarse el Reglamento y aprovechará la oportunidad que brinda la futura revisión del Reglamento para aclarar la redacción de «alojamiento temporal» y abordar la cuestión de la generación de ingresos;  está de acuerdo con el análisis del Tribunal, según el cual un alto grado de preparación es fundamental para el éxito de las operaciones de respuesta a las catástrofes y en que, por tanto, esto debe promoverse. Investigación del ponente sobre el terreno La primera visita del ponente a L’Aquila tuvo lugar los días 7 y 8 de octubre de 2010. En agosto de 2013 la situación del centro histórico apenas había cambiado. Durante los últimos cuatro años solo se han reconstruido dos edificios (uno público y uno privado) de la 1

Cita procedente del Comunicado de prensa ECA/13/05 del TCE.

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zona más afectada.1 En cuanto a los desplazados, se calcula que unas 49 personas todavía viven en hoteles2 y alrededor de 5 000 viven con arreglo al denominado autonoma sistemazione3. Observaciones específicas En las zonas CASE, MAP y MUSP4 no hay ninguna indicación que señale que las viviendas y colegios se construyeron con fondos de la UE. Al contrario, hay numerosas señales que especifican que los inmuebles se construyeron con donativos procedentes de entidades privadas y entes locales. Esto va en contra de la normativa de la UE. La situación del proyecto MAP Se han detectado una serie de problemas en cuanto a la calidad de las viviendas del proyecto MAP. Estos incluyen:  El material de construcción era por lo general de mala calidad;  Algunos inmuebles del proyecto MAP se han evacuado después de que las órdenes del Fiscal de L’Aquila indicaran que las viviendas en cuestión presentaban deficiencias y eran peligrosas e insalubres5. Se evacuó todo el proyecto MAP de Cansatessa (54 familias) conforme a la orden del Fiscal de L’Aquila. Además, se arrestó al responsable de la contratación pública de este proyecto y se está investigando a otras diez personas. Asimismo, se ha evacuado a 34 familias del MAP de Arischia y a otras 15 del de Tempera.  Riesgo de incendio: en el MAP de Monticchio hubo un incendio debido al sistema eléctrico defectuoso del inmueble. La empresa que construyó este MAP ya no existe.

Asimismo, el yeso utilizado es inflamable y, por tanto, implica un riesgo de incendio. 1 2 3

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La zona peligrosa hace referencia a las zonas de L’Aquila y sus alrededores cerradas por las autoridades por motivos de seguridad. Las autoridades locales no han podido proporcionar un número exacto al ponente. Cabía elegir entre apartamentos CASE o subvenciones a tanto alzado para personas que encontraron alojamiento por su cuenta. La definición de autonoma sistemazione (subvenciones a tanto alzado para alquileres) figura en el Informe Especial del TCE nº 24/2012. MUSP: acrónimo de Moduli ad Uso Scolastico Provvisori, módulos provisionales destinados a la enseñanza, que sustituyen transitoriamente a las escuelas afectadas por el terremoto. http://www.abruzzoweb.it/contenuti/difetti-e-pericoli-sgombrati-100-map--si-costruiva-male-anche-dopo-il-sisma/513991-302/ http://www.abruzzoweb.it/contenuti/map-sequestrati-parla-la-del-principe--gia-ricollocati-inquilini-cansatessa/514065-302/ http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2013/04/17/news/map-sequestrati-a-rischio-i-beni-1.6902405

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Muchos MAP presentan problemas relacionados con tuberías1, humedad2, paredes deterioradas3, suelos deteriorados 4, alcantarillado5 y acabado.

La situación del proyecto CASE También se han detectado una serie de problemas relacionados con el proyecto CASE. Estos incluyen:  La calidad del material de construcción era muy diversa; por ejemplo, muchos inmuebles CASE presentaban problemas en el sistema eléctrico, la infraestructura sanitaria y la calefacción6;  El CASE de Pagliare di Sassa se incendió debido a un sistema eléctrico defectuoso y a su construcción con materiales inflamables7;

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Hubo problemas de seguridad con los aisladores sísmicos: según el Fiscal de L’Aquila, 200 de los aisladores sísmicos instalados eran defectuosos. Previa solicitud de la Fiscalía de L'Aquila, un laboratorio de San Diego (California) probó los aisladores sísmicos. Los aisladores sísmicos fabricados por la empresa ALGA Spa no pasaron la prueba. Los aisladores sísmicos ya se habían probado en el laboratorio Eucentre de Pavía, dirigido por G. Calvi. El Sr. Calvi también es el director de CASE en el DPC. Por tanto, nos encontramos ante el típico caso del supervisor que se supervisa a sí mismo y ante un conflicto de intereses. La ciudad de L’Aquila ha solicitado 2,6 millones de euros a Alga Spa en concepto de daños8.

Villetta di Bagno Ocre. Poggio Picenze y San Martino e Rocca di Cambio. http://www.abruzzoweb.it/contenuti/laquila-incendio-a-pagliare-di-sassa--case-fatte-con-materiali-infiammabili/522577-4/ http://www.abruzzoweb.it/contenuti/progetto-case-cede-rivestimento-il-comune-non-risponde/522971-302/ Civita di Bagno. San Antonio. http://www.abruzzoweb.it/contenuti/laquila-incendio-a-pagliare-di-sassa--case-fatte-con-materiali-infiammabili/522577-4/ http://www.abruzzoweb.it/contenuti/progetto-case-cede-rivestimento-il-comune-non-risponde/522971-302/ http://www.ingegneri.cc/articolo/15515/politecnico-di-torino-gli-isolatori-sismici-de-laquila-sono-difettosi

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La situación del proyecto MUSP No se han registrado problemas. No obstante, el proyecto MUSP no será de carácter temporal, ya que la reconstrucción de colegios no está prevista. Coste y problemas financieros  

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Las cifras presentadas por el DPC desde la visita de CONT a L’Aquila son contradictorias. Por tanto, el DPC ha afirmado que la UE ha contribuido con el 3,5 % del coste y en otros lugares que ha sufragado el 27,67 % del mismo; El coste total de CASE asciende a 809 millones de euros para 185 inmuebles, lo que supone un precio medio de 4 372,97 euros por cada uno de ellos. El FSUE ha contribuido a financiar la construcción de 80 inmuebles CASE, el 42 % del total, con 350 millones euros. Otros 8,2 inmuebles (4 % del total) se han financiado mediante donaciones privadas; Según el Informe Especial del TCE nº 24/2012, el coste de las viviendas CASE es un 158 % más caro que el precio de mercado1; El Informe Especial del TCE nº 24/2012 hacía hincapié en el elevado coste de los pilares de acero2. No obstante, la misma empresa (EDIMO) produce pilares similares de hormigón, que cuestan menos de la mitad que los de acero.

Ingresos derivados del FSUE 

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El DPC ha acordado que una empresa alquile los tejados de las viviendas CASE para instalar paneles solares durante 20 años. La empresa arrendadora ha garantizado el suministro energético a los inmuebles, pero la energía excedente se venderá en el mercado para obtener un beneficio; El municipio de L’Aquila ha decidido3 alquilar los apartamentos CASE a nuevos arrendatarios. Esto incluye a los jóvenes que han crecido en viviendas CASE como desplazados y quieren vivir por su cuenta.

Delincuencia organizada  1 2 3 4

Una serie de subcontratistas no disponían del certificado antimafia obligatorio, el certificato Antimafia4;

Informe Especial del TCE nº 24/2012, página 23, apartado 32. Informe Especial del TCE nº 24/2012, página 23, apartado 33, letra a). Municipio Delibera Aquila, julio de 2013. Certificado de no participación en la delincuencia organizada, expedido por la Cámara de Comercio italiana.

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El DPC aumentó el uso de la subcontratación del 30 % permitido al 50 %1; Se encontraron delincuentes buscados en las fábricas de Edimo, una de las 15 empresas contratistas de los citados proyectos; El DPC no respetó la normativa europea sobre contratación pública. La Fiscalía de L'Aquila ha iniciado varias investigaciones sobre las contrataciones públicas. Una de estas investigaciones concluyó con una orden de evacuación de varios MAP por motivos de seguridad y con el arresto del responsable de la contratación pública; Desde el principio, la Comisión se negó a considerar incorrecto el procedimiento llevado a cabo por el DPC. Afirmó que la urgencia justifica los atajos y deficiencias en el procedimiento de contratación. Sin embargo, los contratos de retretes químicos, por ejemplo, se suscribieron antes del terremoto, lo cual infringe de pleno las normas de la UE relativas a la contratación pública; Parte de los fondos destinados a los proyectos CASE y MAP se abonaron a empresas con vínculos directos o indirectos con la delincuencia organizada; A pesar de ello, la documentación de estas graves acusaciones no formó parte de la fiscalización del TCE, ya que las autoridades italianas competentes no la han publicado2; En la citada audiencia del Parlamento Europeo de 25 de junio de 2013, la Comisión declaró que había descubierto casos de fraude. Según la Comisión, comunicó estos hallazgos al DPC y, a continuación, este cambió los proyectos asociados con fraude por proyectos en los que no se había descubierto tal cosa. No está claro por qué la Comisión decidió abandonar el procedimiento normal, que habría conllevado el envío de los expedientes sospechosos a la OLAF para que esta continuara investigando y la participación de las autoridades judiciales italianas. Resulta muy preocupante que la Comisión no siguiera el procedimiento correcto, ya que esto la convierte en cómplice de fraude.

Observaciones generales 1. Desde el nombramiento del ponente para la elaboración del presente documento de trabajo, este ha recibido numerosos informes y datos del turno de preguntas del Parlamento italiano, así como de asociaciones3 y publicaciones periódicas4, incluidos Libera y Site.it. La información verificada de estas fuentes se ha incluido en el presente documento de trabajo; 2. Otro de los elementos importantes del análisis de los resultados del uso de los fondos europeos es el impacto de los mismos en la población local de la zona. El hecho de que no se hayan reconstruido las viviendas y de que los proyectos CASE y MAP estén situados en zonas relativamente aisladas ha generado la dispersión de las comunidades5. En el informe de la misión de la Comisión en L’Aquila en 20106, esta no menciona ninguno de los problemas que le plantearon varios diputados al PE. Algunos ejemplos de negligencias de la Comisión: 1 2

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Sitio web del DPC. Prefectura de L’Aquila: documentación relacionada «con todas las actividades» para prevenir y luchar contra la delincuencia organizada. (04/02/2013. Protocolo nº 0011773, classifica 55.01) Expediente Abruzos. La fine dell’isola felice. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Libera, diciembre de 2010. http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/72 Site.it, La Repubblica, il Messaggero, il Centro, Abruzzo Web, News Town.it. http://www.youtube.com/watch?v=KhfDsAlhBB4 y Radici, L’Aquila di cemento, dirección a cargo de Luca Cococcetta. Informe de misión elaborado tras la visita de la DG REGIO a L’Aquila, que tuvo lugar del 11 al 13 de abril de 2010.

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No hizo uso de la posibilidad de recurrir a excepciones de las normas de contratación habituales, lo cual habría sido posible en una situación de emergencia; El Informe Especial del TCE nº 24/2012 confirmó lo contrario; Según dicho Informe, a primera vista no se encontraron pruebas de costes inflados (se formularon acusaciones según las cuales el coste por metro cuadrado era del doble del precio de mercado). No obstante, el mismo Informe afirma que el coste ha sido un 158 % más caro que el precio de mercado (página 23); El informe de misión afirma que, sin embargo, parece conveniente un cierto grado de prudencia en cuanto a la investigación judicial a las empresas que construyen viviendas con el dinero de los contribuyentes de la UE. Si la Comisión hubiera leído los documentos oficiales relativos a esta cuestión, habría sabido que en dos de las primeras obras1, el gruppo interforze2 (grupo interinstitucional) descubrió a 132 empresas subcontratistas que carecían de la autorización necesaria para trabajar en las mismas y que algunas de ellas estaban relacionadas con la delincuencia organizada3; Sin embargo, la ordinanza (decreto ministerial) del DPC despenalizó de forma retroactiva la ausencia de la autorización necesaria.

Recomendaciones y comentarios del ponente para su eventual inclusión en el informe sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en 2012 1. A pesar del retraso de más de un año, acoge con satisfacción el Informe Especial del TCE nº 24/20124; Observa que con este informe, las instituciones de la UE al fin facilitan al Parlamento Europeo y a los contribuyentes las respuestas a algunas de las preguntas relativas a la gestión de los fondos de la Unión en la región de Abruzos tras el terremoto de 2009; 2. Felicita al TCE por haber salvaguardado el Reglamento FSUE en lo relativo al tipo de refugio que puede proporcionarse en virtud de dicho Reglamento; Está completamente de acuerdo con la afirmación del TCE, según la cual alrededor del 30 % (144 millones de euros) de la contribución del FSUE se destinó a operaciones totalmente admisibles con arreglo al Reglamento FSUE. Sin embargo, aunque el proyecto CASE (Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili, viviendas a prueba de terremotos y ecosostenibles) era pertinente para las necesidades reales, no cumplía determinadas disposiciones del Reglamento FSUE. Esto se debía a que construyó inmuebles nuevos permanentes, en lugar de viviendas temporales. El 70 % de la financiación (350 millones de euros) se destinó al proyecto CASE. La estrategia elegida para este último proyecto cubría las necesidades de vivienda de 15 000 de los afectados por el terremoto, pero no respondía de forma oportuna ni con suficiente capacidad a las necesidades reales de la población. Las viviendas CASE eran mucho más caras que las viviendas estándar5; 3. Observa que la evaluación del TCE con respecto a la infracción del Reglamento FSUE 1 2 3 4 5

Bazzano y Cese di Preturo. ex art. DM 14 de marzo de 2003. http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/72, página 8. Carta del Presidente del TCE, Vitor Manuel da Silva Caldeira, de 10 de diciembre de 2010 – CPT11656EN01-10PP-OR.doc Comunicado de prensa ECA/13/05 del Tribunal de Cuentas Europeo.

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en cuanto a la financiación de viviendas permanentes es correcta. El Decreto 1462 del Prefecto Gabrielli, de 3 de abril de 2012, confirma la evaluación del TCE. Por consiguiente, el artículo 1 de dicho Decreto, que transfiere las propiedades CASE de la ciudad de L’Aquila, define CASE de la siguiente manera: unidades de vivienda concebidas para uso permanente1; 4. Observa, sin embargo, que el Informe Especial del TCE nº 24/2012 no tiene en cuenta plenamente todas las infracciones de las normas de la UE en cuanto a los procedimientos de contratación pública y a otros tipos de uso indebido de los fondos europeos a raíz del terremoto de 2009; 5. Recomienda que Italia devuelva los fondos si en el futuro se generan beneficios de los proyectos financiados por los contribuyentes de la UE; 6. Lamenta profundamente la inactividad de la Comisión en este caso; lamenta, asimismo, que el informe de auditoría interna de la Comisión sea confidencial, ya que esto implica que los ciudadanos europeos no tienen acceso a la información sobre el modo en que se utilizan sus impuestos; 7. Pide a la Comisión que aclare por qué: i) siempre se ha negado a investigar si se han abonado o no fondos de la UE a operadores económicos vinculados a organizaciones delictivas, a pesar de que las investigaciones del Fiscal de L’Aquila le alertaron de ello 2; ii) aunque se avisó de que podía haber problemas con el coste del proyecto CASE, la Comisión se negó a efectuar un seguimiento de ese aspecto3; iii) la Comisión se ha negado a interesarse por esta cuestión en repetidas ocasiones; 8. Observa que más del 42 % de los inmuebles del proyecto CASE se han construido gracias al dinero de los contribuyentes de la Unión y no del Gobierno italiano, como afirmó el antiguo Primer Ministro, Silvio Berlusconi; 9. Lamenta profundamente que el Parlamento aún esté a la espera de una respuesta de la OLAF; 10. Está de acuerdo con el artículo aparecido en The New York Times, de Michael Kimmelmann, de título «Aquila: example not to follow»(L’Aquila: un ejemplo que no se debe seguir)4; 11. Insta al ponente para la aprobación de la gestión del presupuesto de la Comisión en 2012 a incluir la dura crítica anteriormente expuesta en su informe de aprobación de la gestión, así como a utilizar esta información en la evaluación general de la gestión del presupuesto llevada a cabo por la Comisión.

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Artículo 1. I moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazione alla legge 24 giugno 2009, 11.77, identificati dalle corrispondenti unita immobiliari riepilogate nell’allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono assegnati in proprietà a titolo gratuito al Comune di L'Aquila. DO C 10 de 14.1.2011. DO C 10 de 14.1.2011. The New York Times, 30 de noviembre de 2012.

PE521.621v02-00

ES

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DT\1007699ES.doc